INDEMNIZACIÓN POR ENFERMEDAD PROFESIONAL

En Chile, la ley define la enfermedad profesional como aquella "causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte" (artículo 7° LATEP). El inciso segundo del mismo artículo reenvía a un Reglamento la misión de enumerar las enfermedades que deben considerarse como profesionales, lista que está contenida en el artículo 19 del Decreto Supremo Nº 109, de 7 de junio de 1968, que aprueba el Reglamento para la calificación y evaluación de enfermedades profesionales.

La enumeración es flexible en el tiempo y tiene un carácter meramente enunciativo. En efecto, el artículo 20 del Reglamento, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 7 de la LATEP, establece que la lista de las enfermedades profesionales y de sus agentes debe revisarse por la Superintendencia de Seguridad Social cada tres años a lo menos, lo que le otorga una flexibilidad temporal.

Del mismo modo, el inciso 3° del artículo 7 de la LATEP, faculta al afectado por una enfermedad para acreditar ante el organismo administrador respectivo (p. ej. Mutual de Seguridad) la naturaleza profesional de una enfermedad que no estuviere contemplada en la lista, proveyendo al concepto de enfermedad profesional una elasticidad sustancial que juzgamos razonable y prudente4.

En efecto, el artículo 22 del Decreto Supremo nº 109 establece el procedimiento que tienen los trabajadores para determinar su una enfermedad no comprendida en la lista puede calificar como profesional. El afectado "debe solicitar que se le practiquen exámenes para estudiar la eventual existencia de una enfermedad profesional, en caso que existan o hayan existido en el lugar de trabajo, agentes y/o factores de riesgo que pudieran asociarse a esa enfermedad". De esta suerte, la calificación como profesional de una enfermedad no establecida en el Reglamento podrá tener éxito, en la medida que el trabajador la hubiera contraído como consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado, y se acredite la existencia de agentes específicos que entrañen el riesgo respectivo.

Como se sabe, el artículo 69 letra "b" de la LATEP concede al trabajador o a las demás personas perjudicadas, el derecho a demandar, conforme a las disposiciones del derecho común, todo daño emanado de una enfermedad profesional. En primer término, la ley faculta expresamente al trabajador para demandar todas las indemnizaciones a que tengan derecho, incluso el daño moral. Si bien se puede discutir que la causa de la enfermedad profesional reside en la infracción de ley o del contrato, lo que podría dar lugar a dudas sobre el régimen de avaluación de perjuicios que deba aplicarse, la disposición permite a los legitimados activos demandar "todo daño", y no solo los daños "previstos al tiempo del contrato" en caso de culpa, o "todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación" en el caso de dolo, en la forma prescrita por el artículo 1558 del Código Civil.

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